LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOLICITA QUE LA GARRAFA SEA UN SERVICIO PÚBLICO

30-08-2023

Frente a la disparada de precios y anuncios de sectores empresariales vinculados al sector de gas licuado, que solicitan incrementos superiores al 100 %, cobra fuerza la necesidad de declarar servicio público el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y así intervenir en el precio de las garrafas.

Argentina tiene una extensa red de gas natural, pero no llega a todas las localidades ni a todas las personas. Pese a los grandes avances en materia de las obras del gasoducto, en el Chaco es ínfimo el porcentaje de hogares conectados a la red, por eso la demanda social de garrafas de gas es muy grande.  El Gas Licuado de Petróleo (GLP) no es servicio público, mientras que el gas por redes sí; por lo que tiene una fuerte regulación, derechos especiales para sus consumidores y se puede poner un tope al precio.

“Es importante que la garrafa sea un servicio público, porque el licuado envasado es el gas de los sectores más vulnerables, en un país donde cuatro millones y medio de hogares no tiene gas de red. Este cambio conceptual apunta principalmente a aumentar el control estatal sobre el sector, teniendo en mira la protección de los derechos de los usuarios de GLP, por lo general sectores de escasos recursos que viven en lugares sin provisión de gas natural por red que se ven perjudicados por los elevados precios de las garrafas que fijan las empresas del sector, que además incumplen los precios de referencia que establece la autoridad de aplicación, y producen episodios de desabastecimiento en época invernal”, explicaba el Defensor del Pueblo, Bernardo Voloj.

Asimismo, se intenta establecer un criterio de igualdad entre estos usuarios y los del servicio de gas natural, dado que hoy existe una gran diferencia de abastecimiento y precio entre las prestaciones de GLP y las de la red de Gas Natural, un servicio público que ha tenido importantes subsidios estatales.

Regular la Ley 26.020

La regulación de la Ley 26.020, que se encarga de controlar la industria y comercialización de gas licuado de petróleo, y los instrumentos creados por el Poder Ejecutivo para asegurar el normal abastecimiento a un precio adecuado, como la “garrafa social” y los “precios de referencia”, si bien crean una base importante para incluir a la sociedad en el uso del recurso, necesita herramientas para llevar adelante su ejecución en plenitud. Para ello es necesario garantizar el acceso a este servicio a los sectores de escasos recursos de las zonas desprovistas del servicio de gas natural en red.

Pese a la existencia del “Programa Hogar” que busca asegurar el suministro regular, confiable y económico de gas a sectores residenciales de bajos recursos que no tienen acceso a la red, si bien resulta un beneficio parcial, sigue sin ser un paliativo frente a los precios.

Garantizar el precio accesible de la garrafa

La Defensoría del Pueblo expuso en distintas audiencias públicas en las que participó que el sistema de garrafa social es un servicio utilizado por personas y familias que viven en zonas alejadas y que muchas veces no cuentan con los medios para comprar ni alquilar un zeppelin de gas.

Este es un servicio esencial para calefaccionarse, para la cocción de alimentos y para el aseo de las personas. Es inadmisible que estas personas que muchas veces son las que cuentan con menos recursos paguen por mes mucho más que aquellos que tienen acceso al servicio de gas natural por red.

El Estado debe velar por los derechos de las y los usuarios y consumidores, en este caso la protección de sus intereses económicos, con políticas públicas que garanticen el acceso al consumo en condiciones de trato digno y equitativo, sin discriminaciones ni arbitrariedades por parte de los proveedores.